“Acabar con la desnutrición infantil requiere un compromiso de país. Como cooperación internacional, seguir apoyando es nuestro mandato”,

así lo manifestó el Embajador de España en Guatemala Alfonso Portabales, durante la presentación del informe final del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutrición, apoyado por recursos de España a través del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Embajador insistió en la necesidad de que las autoridades municipales y nacionales y las organizaciones de la sociedad civil persistan en poner fin al hambre en las regiones rurales del país, porque aunque se ha avanzado, “lamentablemente, no es suficiente”.

Entre los resultados positivos que se destacaron están el de pertinencia y alienación del programa con las prioridades del país y la coordinación interinstitucional. Se considera como un ejemplo de coordinación interagencial y a pesar de su corta duración, entre 2015 y 2017, sus resultados en materia de freno y reducción de la desnutrición crónica en la población meta que participó en el proyecto son muy positivos en la vida de los niños y niñas y de las mujeres que hicieron parte activa en todo el proceso.

Fueron 1.935 familias participantes de forma directa de 40 comunidades en municipios de Tacaná, Esquipulas Palo gordo, Tajumulco y San Lorenzo, en el departamento de San Marcos, donde las cifras de desnutrición crónica de la población infantil estaban entre las más altas del país.

Se logró avanzar en el fortalecimiento de los distritos municipales de salud para reducir la desnutrición crónica, se establecieron comités de vigilancia y planes de emergencia de desnutrición y riesgos de embarazo, parto y puerperio, 300 mujeres se formaron como Madres Consejeras en educación nutricional y se establecieron 27 proyectos para mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos y 21 de mejora en el consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos.

También se fortalecieron las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN- quienes desarrollaron actividades educativas participativas a nivel comunitario para mejorar los conocimientos y prácticas de alimentación infantil de las madres con niños y niñas pequeños, así como prácticas de higiene.

Entre las limitaciones encontradas por el equipo de evaluación externa del programa, están las crisis de gobierno que se presentaron en algunos municipios, cuyos cambios continuos de autoridades y puntos focales dificultaron su desarrollo, además de la falta de coordinación del central y local de gobiernos.

El programa fue ejecutado por un amplio equipo de agencias y organismos internacionales que unieron su experticia en diferentes temas relacionados con los derechos de los niños y las niñas y la igualdad de género: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Contó además con el apoyo de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

A nivel gubernamental, participaron la Secretaría de Planificación y Programación de Presidencia (SEGEPLAN), Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SESAN), Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Educación (MINEDUC) y gobiernos municipales.